10 de marzo de 2024.

 

 

Han pasado dos meses desde que el escorpión en la República de Ecuador se manifestara con toda su terrorífica virulencia en imágenes que viven en nuestra memoria, cuando atónitos asistimos a la incursión armada en las instalaciones de TC Televisión, en Guayaquil, cautivos sus trabajadores inermes ante el poder con que las pandillas, ofensiva exhibición de armas largas de guerra mediante, consumaban su desafío al estado…

Los eventos que convulsionaron a este país sudamericano y que, por su grado desatado de violencia, dieron la vuelta al mundo, no fueron sino la etapa eruptiva de un proceso larvado años antes durante la presidencia de Correa y su vicepresidente Jorge Glas y que luego, otros mandatarios posteriores, ni vieron ni supieron entender hasta que todo se salió de control.

Ese mismo nueve de enero el presidente Daniel Noboa declaraba el conflicto armado interno y el estado de excepción, sacando al ejército a las calles y relegando a la policía, completamente infiltrada por la delincuencia al servicio del narcotráfico de sus funciones de seguridad ciudadana. Las primeras medidas eran un órdago, un envite a la totalidad de las políticas contemporizadoras con el crimen del nefasto Rafael Correa, aquél que en su estulticia criminal llegó a otorgar status de organizaciones civiles a lo que no eran más que un atajo de delincuentes de la peor calaña al servicio de los más oscuros intereses del narcotráfico.

El gobierno ecuatoriano calificaba a las bandas – Águilas, Águilas Killer, AK47, Caballeros Oscuros, Chone Killer, Choneros, Corvicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Tiguerones- como organizaciones terroristas y sus integrantes, otrora consentidos por el régimen correista, proscritos.

Han pasado dos meses desde entonces, veamos cual es el estado de la situación a 9 de marzo.

El Decreto Ejecutivo ciento once por el que el presidente Noboa declaraba el conflicto armado interno y señalaba como grupos terroristas a veintidós bandas del crimen organizado transnacional aquel 9 de enero, sigue vigente y el pasado jueves 7 de marzo se extendió por treinta días más el estado de excepción que habilita al ejército mantener el orden en calles y cárceles. Cabe señalar que, aunque la propia constitución ecuatoriana permite al presidente mantener el estado de excepción hasta por noventa días continuos, la Corte Constitucional avaló la prolongación sine die de dicha medida al considerarse implícita en la propia declaración de “conflicto armado interno”, y que éste pueda ser, asimismo, por tiempo indefinido en función del discurrir de los acontecimientos.

Los datos oficiales, tempranos y provisionales de estos dos meses, apuntan a un significativo descenso de hechos delincuenciales. Como muestra, a los más de ochocientos asesinatos registrados en diciembre de 2023 se contraponen los 365 registrados en el mes de febrero de 2024 en plena aplicación de las medidas de emergencia. Además, el número de operativos conjuntos desarrollados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sumaron un total de 139.309 en los que se detuvo a 11.349 personas, siendo 280 de ellas procesadas por presuntos delitos de terrorismo. Y desde enero se ha logrado decomisar unas 65 toneladas de drogas, principalmente cocaína, librándose la principal batalla en torno al estratégico puerto de Guayaquil cuyo control por parte de los principales cárteles colombianos y mexicanos asociados a las pandillas constituye el verdadero eje de la guerra en curso.

No obstante, el escorpión, lejos de dar signos de debilidad, continúa aguijoneando el sistema ahí donde más duele. Significativo fue el asesinato del fiscal César Suárez el 17 de enero, caído en una emboscada en Guayaquil, acribillado; no solamente investigaba el asalto a TC Televisión, sino que estaba en el centro del combate a la alta corrupción sistémica atacando el núcleo duro del ex vicepresidente Jorge Glas.

Un examen de este tiempo no puede pasar por alto los aspectos positivos como los negativos, que los hay. Es indudable que la percepción de seguridad entre los pobladores ha mejorado sustancialmente, pues añadido al descenso de homicidios, la masiva presencia de elementos del estado armados contribuye a tal fin. Por ahora las medidas de choque concitan la práctica unanimidad de la población que parece estar dispuesta a sufrir recortes en sus derechos y libertad a cambio de una seguridad que hace apenas dos meses, nadie apostaba poder corregir. La percepción de mejora parece, si bien es pronto aún, redundar en una tímido progreso de la economía lastrada por años de extorsiones. E incontestablemente, la popularidad de Noboa ha subido hasta un desconocido 81.4%, un nivel de aceptación que en la región solo puede ser superado por Bukele.   Al otro lado del fiel de la balanza no se puede soslayar el hecho, evidente por difundido por sus propios autores, del mal trato, vejaciones, injustas ofensas cuando no torturas que infringen ciertos elementos, mayormente soldados, a detenidos no todos ellos presuntamente culpables de pertenencia a bandas terroristas, las más de las veces, delincuencia callejera menor.

Los datos macro de la economía ecuatoriana por otro lado muestran una debilidad estructural cuyas reformas no pueden demorarse, principalmente las que afectan a un sistema burocrático corrupto, paquidérmico e ineficiente y un sistema de compensación social heredado de gobiernos izquierdistas anteriores que el país no puede financiar y que se encuentra en el centro del déficit estructural. La imagen del país cayó estrepitosamente y el turismo, uno de los principal

es rubros económicos, se encuentra prácticamente arruinado.

El presidente de Ecuador Daniel Noboa aseguró este viernes pasado, día 8 de marzo, que lo que el crimen organizado pretendió los aciagos días de enero fue un golpe de Estado en su contra que afortunadamente, fracasó. El presidente Noboa está haciendo lo único que un mandatario responsable puede hacer, enfrentar una situación de supervivencia vital para su país con todos los medios a su alcance. Y en lo acertado o no de la aplicación de una estrategia represiva a largo plazo contra el crimen organizado, que fije objetivos reales alcanzables en el tiempo y que pueda sentar las bases de la organización de un estado de derecho sólido y autónomo, se determinará el futuro de la próxima generación de ecuatorianos.

Y como colofón, conclusión triste que ilustre puntualmente todo este complejo estado de degradación al que ha llegado Ecuador no se puede eludir, antes de terminar, la simbiosis entre crimen e ideología que subyace, como la lava distorsionando constante con movimientos falsamente telúricos la débiles y mal soldadas placas tectónicas de un estado que intenta reconstruirse, la figura del omnipresente Jorge Glas. El ex vicepresidente y factótum de Correa, capo del crimen organizado, eslabón fuerte de la clase política con la delincuencia organizada, clave de bóveda entre el narcotráfico y la nueva izquierda latinoamericana,  y ladrón de la millonaria solidaridad internacional cuando el terremoto de 2016, juzgado y condenado en diversas causas e instancias judiciales, se encuentra hoy domingo 10 de marzo de 2024, refugiado, a salvo, libre tras los muros de la embajada del México de AMLO en Quito… Porque hay que cuidarlo y protegerlo, porque Glas será un escorpión, pero es el escorpión de la vergüenza de la izquierda latinoamericana.